La explicación este gráfico es sencilla y deja ver la cruda realidad que viven los pobladores del campo del país. Su acceso a energía eléctrica creció tan solo 2,6 en dos años. En gas natural -tan determinante para el cuidado del bosque y el menor uso de la madera para la cocción de los alimentos- su crecimiento es de 1,8%. En acueducto, y no quiere decir que sea potable, fue de 1,4%. En alcantarillado de 0,4%. En recolección de basuras de 2,3% convirtiéndose en el mejor indicador.

 

Aquellos que son cuidadosos en la mirada de los gráficos ya habrán tomado nota de que más de 4 millones y medio de personas no tienen acceso al agua por medio de acueductos, casi 10 millones no disponen de alcantarillado, a más de ocho millones no les recogen las basuras y casi un millón no disponen de electricidad. No hablemos de telefonía fija y de los más de 600 mil que no tienen ni un servicio.

 

Como puede concluirse es poco lo que el gobierno Santos ha hecho para extender el acceso a los servicios públicos de millones de ciudadanos, no solo en las áreas rurales sino también en las urbanas. Y es entendible que así sea. Los capitales privados no van a las áreas deprimidas de las grandes ciudades ni a las zonas rurales a hacer inversiones, si las mismas no tienen tasas de retorno garantizadas y jugosas ganancias. Por eso, el acceso de más colombianos a los servicios básicos avanza con suprema lentitud. La explicación es que la construcción y el desarrollo de la infraestructura necesaria para la ampliación de coberturas y mejoramiento de la calidad, está ligado a la disponibilidad presupuestal del gobierno nacional y los entes territoriales y no a que las empresas, casi todas monopolios privados o públicos, lo hagan. El balance y los resultados del plan nacional de Agua, así lo prueban.

    

Pero además, tanto en las empresas que aún son públicas como en las privatizadas, la continuidad en la prestación del servicio y la calidad del mismo -en muchas de ellas- es lamentable. Persistentes levantamientos de poblaciones enteras de la Costa Atlántica y otras zonas -con bajas coberturas y pésima calidad- prueban el fracaso de la privatización para garantizar la prestación del servicio en condiciones de disponibilidad y acceso, calidad y continuidad en la prestación del servicio.

 

Otro asunto no suficientemente investigado, en el que las empresas ocultan y en muchos casos maquillan las cifras, es el de los llamados desconectados, que continúan creciendo en grandes ciudades y en pequeñas poblaciones. Para medio subsanarlo las empresas se ven obligadas a adelantar programas de refinanciación de deudas, rebaja de sanciones y entrega de un Mínimo Vital Gratuito. Y lo hacen no solo para bajar las cifras de desconectados sino para atender requerimientos de la Corte Constitucional en cuanto los servicios deben ser también derechos y no solo negocios.

 

Y, en estas condiciones, Santos quiere que lo reelijan. Quienes entendemos que con Santos continuarán las políticas de privatización de los servicios públicos y de entrega del interés nacional al Imperio, nos negamos a reelegirlo. Sabemos que sería respaldar la profundización de la política económica neoliberal y con ella más sufrimiento para los usuarios de los servicios públicos.

 

Estudiamos el programa de los candidatos presidenciales y concluimos que el del Polo Democrático Alternativo y su candidata Clara López responde, en parte, a la propuesta de la Liga de Usuarios. Por eso invitamos a acompañar, al Polo, el 25 de Mayo.