Desde entonces los campesinos de los municipios cundinamarqueses mencionados se han movilizado en defensa de sus derechos con resultados negativos. De nuevo han resuelto bloquear la carretera que conduce del municipio de Ubaté hacia Carmen de Carupa, principal afectado, con el fin de presionar un acuerdo con el gobierno que les permita seguir viviendo como lo han hecho por generaciones de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala y continuar conviviendo y preservando la naturaleza y las fuentes hídricas, a diferencia de empresas gravilleras ampliamente reconocidas en el Departamento que gozan de todas las garantías de las autoridades, mientras a los campesinos se les presiona con toda clase de medidas administrativas abiertamente ilegales, en las que se anuncia hasta la expropiación. Todo esto ocurre en medio de una gran propaganda gubernamental por la defensa del ambiente, mientras se ejecutan las llamadas licencias exprés. 

 

Nadie se opone a la defensa de los páramos y de los recursos hídricos, pero el Estado y su política minero-energética es el primero en atentar contra el ambiente en beneficio de multinacionales que saquean nuestros recursos. Los campesinos poseen sus propiedades desde antaño legalmente constituidas. Quienes aplican las medidas administrativas y los acosan no pueden desconocer su existencia y deben atender sus reclamos justificados para acordar procedimientos y planes de manejo concertados y no impuestos antidemocráticamente como si se trataran de invasores. El gobierno trata mejor a los extranjeros que a nuestras gentes del campo.

 

Abogamos por una solución civilizada de esta grave situación por parte de las autoridades y rechazamos la constante intimidación de que son objeto estos colombianos.

 

DELEGADOS POR CUNDINAMARCA AL PRIMER CONGRESO DE DIGNIDAD AGROPECUARIA COLOMBIANA.